El juez federal Daniel Rafecas rechazó este jueves los pedidos de suspensión de la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay presentados por la diputada nacional Marcela Pagano y el dirigente Fernando Míguez, al considerar que no se acreditaron los requisitos para una medida cautelar.
El juez federal Daniel Rafecas rechazó este jueves 21 los pedidos de suspensión de la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay formulados por la diputada nacional Marcela Pagano y por el dirigente Fernando Míguez, al considerar que no se acreditaron los requisitos necesarios para dictar una medida cautelar.
La resolución fue dictada en el marco de las causas CFP 2238/2026 y CFP 2425/2026, en las que se denunciaron presuntas maniobras de fraude, negociaciones incompatibles, asociación ilícita y direccionamiento del proceso licitatorio vinculado a la concesión de la vía navegable troncal.
Según el fallo, Pagano sostuvo que el proceso habría sido diseñado para favorecer a la empresa Jan de Nul y a grupos empresarios locales vinculados al Grupo Neuss, mediante cláusulas técnicas restrictivas y supuestos acuerdos previos de reparto de contratos. La legisladora también denunció presuntas falsificaciones de documentación técnica atribuida a Naciones Unidas y vinculó el proceso con antecedentes irregulares en otras licitaciones estatales.
Por su parte, Míguez afirmó que el pliego habría sido confeccionado con requisitos imposibles de cumplir para otros competidores y denunció un eventual perjuicio millonario para el Estado por el traspaso del cobro de peajes al sector privado.
El fiscal federal Guillermo Marijuan dictaminó en contra de las cautelares y sostuvo que no se encontraba acreditada “la verosimilitud del derecho invocado ni la arbitrariedad manifiesta del obrar administrativo”, además de considerar que tampoco existía un peligro concreto en la demora.
En la resolución, el magistrado remarcó que las denuncias “se caracterizan en gran parte como una presunción de un futuro hecho ilícito” y sostuvo que la investigación aún se encuentra en una etapa inicial, por lo que no corresponde adoptar una medida de suspensión del proceso licitatorio. Asimismo, recordó que las medidas cautelares contra decisiones de la administración pública deben aplicarse con criterio restrictivo debido a la presunción de legitimidad de los actos administrativos.
Finalmente, el expediente fue remitido nuevamente a la Fiscalía Federal N°9 para continuar con la investigación delegada en los términos del artículo 196 del Código Procesal Penal.
Una empresa de Estados Unidos ya había criticado la licitación de la hidrovía. A mediados de abril, la firma Great Lakes Dredge & Dock Co., con sede en Houston, criticó las condiciones del proceso licitatorio impulsado por el Gobierno nacional, alegando que las exigencias benefician a un consorcio con vínculos históricos con China. La disputa enfrenta a dos gigantes de Bélgica: Dredging Environmental & Marine Engineering NV (DEME) contra un grupo liderado por Jan de Nul NV, la compañía que ha estado a cargo del dragado del Paraná desde la década de 1990.
Según información publicada en el sistema oficial Contrat.Ar, ambas firmas belgas presentaron una propuesta económica de referencia de 14,23 dólares, mientras que en los renglones exhibidos del cuadro comparativo figura un valor unitario de 4,65 dólares estadounidenses. La apertura de las propuestas se produjo luego de que las dos empresas superaran la evaluación técnica sin impugnaciones. En esa instancia, Jan De Nul obtuvo 66,20 puntos contra 42,14 de DEME.