El Fondo Monetario Internacional advirtió sobre la falta de rigurosidad en el control de declaraciones juradas y la persistencia de desafíos en la lucha contra la corrupción en Argentina, según el informe de la segunda revisión del artículo IV.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un informe en el marco de la segunda revisión del artículo IV, en el que aprobó un desembolso de 1.050 millones de dólares para Argentina. En el documento, el organismo cuestionó los mecanismos de gestión del Gobierno en materia de políticas anticorrupción y señaló la falta de rigurosidad en el control de las declaraciones juradas de los funcionarios.
Según el reporte, Argentina obtuvo una puntuación de 36 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción para 2025. El FMI indicó que «la declaración sobre el clima de inversión de Estados Unidos y otros indicadores señalan la persistencia de estos desafíos».
En el Box 9 del informe, el organismo revisó los «recientes progresos» contra la corrupción y afirmó que resulta necesario «fortalecer los marcos anticorrupción de prevención, ya que los regímenes de declaración de activos se caracterizan por una verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual».
El reporte técnico agregó que «las normas sobre conflictos de intereses siguen limitadas por reglas porosas y una débil capacidad de aplicación» y que «la percepción de una independencia judicial limitada y la politización siguen siendo motivo de preocupación». Además, señaló demoras en casos de alto perfil y una rendición de cuentas limitada para los altos funcionarios.
El FMI recordó que adoptó en 2018 un Marco de Gobernanza y Anticorrupción que permite evaluar cómo las debilidades institucionales pueden afectar la economía de un país. En ese contexto, el Ejecutivo prorrogó hasta el 31 de julio el plazo para presentar las declaraciones juradas, que vencía originalmente el 30 de mayo. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aún no presentó su declaración.
En el mismo informe, el FMI señaló que «continúan los esfuerzos para monitorear los riesgos emergentes derivados del deterioro de los préstamos en mora, especialmente en el segmento de consumo, así como de la creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión». También indicó que «se está fortaleciendo la supervisión de las instituciones financieras no bancarias» y que se busca «garantizar condiciones regulatorias más equitativas y monitorear adecuadamente el rápido crecimiento de la actividad fintech».
Con información de Noticias Argentinas.