La fiscalía y la querella atribuyeron a cuatro sospechosos nueve maniobras por un total superior a 600 mil dólares. Ofrecían construir casas en contenedores marítimos y nunca las entregaron.
La fiscalía y la querella imputaron a Nicolás Ruival, Damián Soto, Marina Silvia Rojas y Sofía Ellera Moyano como coautores de nueve estafas ocurridas entre el 11 de junio de 2023 y el 1 de abril de 2025 en Bariloche. El monto total defraudado supera los 600 mil dólares, según informaron los acusadores en una audiencia de formulación de cargos realizada de manera virtual.
Los imputados actuaban bajo la sociedad “Eco Hábitat Patagonia SRL”, conocida comercialmente como “El Montañés”, con sede en el PITBA, Ruta Nacional 40, kilómetro 2043. La fiscalía detalló que los acusados ofrecían la construcción de viviendas mediante contenedores marítimos con entrega en plazos breves, firmaban contratos y cobraban adelantos de hasta el 90% del valor pactado. Luego, según la acusación, cortaban la comunicación, abandonaban la empresa y no entregaban las viviendas ni devolvían el dinero.
El fiscal Gerardo Miranda afirmó que los imputados “armaron una puesta en escena para generar confianza y luego engañar a las personas”. Relató que Ruival era socio gerente; Rojas y Ellera Moyano actuaban como vendedoras y cobradoras; y Soto se presentaba como jefe de operaciones, visitaba terrenos y exhibía contenedores. En algunos casos, los acusados ofrecían adicionales como pisos o aberturas, que cobraban extra y se apropiaban del dinero.
La fiscalía señaló que tres de los imputados, excepto Ruival, constituyeron en marzo de 2025 otra sociedad paralela, “MCM Construcciones Modulares SAS”, para continuar con las mismas promesas y publicitarlas en redes sociales.
El juez de garantías Juan Pablo Laurence admitió los cargos, declaró la investigación como compleja y fijó un plazo de investigación hasta el 2 de junio de 2027. También ordenó la prohibición de salida del país para los cuatro imputados, la inhibición general de sus bienes y sociedades alcanzadas, la obligación de fijar domicilio y de estar a derecho.
La defensa pública, representada por Blanca Alderete y Nahuel Benac, asistió a tres imputados, mientras que el abogado Ernesto Saavedra defendió a Ruival. La defensa no se opuso a la investigación compleja ni al plazo solicitado, aunque señaló que algunos aspectos de la acusación deberán precisarse. Saavedra adelantó que tiene una teoría del caso diferente.