El juez Hugo Greca formalizó la investigación contra otros tres hombres vinculados a una estructura criminal que distribuía estupefacientes. Dos quedaron detenidos y uno recuperó la libertad tras pagar una caución.
En una jornada desarrollada este jueves en los tribunales federales de Roca, el juez de garantías Hugo Greca formalizó la investigación y dictó la prisión preventiva para dos de los principales sospechosos de liderar una red de narcotráfico que operaba entre el Alto Valle y Bariloche. Se trata de Martín Alejandro Castillo y Emiliano Rodrigo Jara, quienes permanecerán detenidos por un plazo de 147 días. Un tercer implicado, Luis Ariel Morales, recuperó la libertad tras el pago de una caución real de 6 millones de pesos.
La investigación, que se extiende desde hace más de un año y fue declarada como «causa compleja», busca desarticular una organización de «mediana a gran escala» dedicada al transporte, distribución y comercialización de cocaína y marihuana. Según la fiscalía, la banda utilizaba vehículos particulares y «mulas» en colectivos de larga distancia para asegurar el flujo de sustancias hacia la cordillera.
El Ministerio Público Fiscal, representado por Sebastián Gallardo, Francisco Iglesia y Greta Dómina, presentó el volumen de dinero que manejaba la organización. A través del levantamiento del secreto bancario y bursátil, se detectó que los imputados movieron sumas que no coinciden con sus actividades lícitas declaradas. En el caso de Castillo, los informes de Mercado Pago y un banco revelaron ingresos y egresos por casi 400 millones de pesos en 13 meses. Jara registró movimientos por más de 166 millones de pesos en el mismo lapso.
Según los informes policiales, en 13 meses se observó a Castillo utilizando ocho vehículos diferentes, entre ellos Hyundai Veloster y Volkswagen Vento GLI. Jara fue visto con cinco rodados y Morales con otros siete, incluyendo una camioneta Amarok V6 y motos tipo Trail. La fiscalía afirmó: «Los bienes que poseen no se corresponden con ninguna actividad legal registrada».
La Justicia Federal autorizó el uso de un “agente revelador digital”, lo que permitió a las fuerzas de seguridad infiltrarse en tres grupos de WhatsApp denominados “Bariloche al ritmo”, “La Feria Marciana” y “Feria BRC”. Estos espacios contaban con entre 500 y 1.100 integrantes cada uno. En estos chats, los líderes ofrecían estupefacientes, imponían reglas de convivencia y administraban el ingreso de nuevos usuarios. La acusación sostiene que Castillo y Jara organizaban el traslado de la droga y utilizaban estos medios para amenazar a deudores.
Uno de los hechos mencionados en la audiencia involucra a Jara en amenazas contra un menor de edad en Bariloche, a quien le reclamaba una deuda por estupefacientes. «Enfierrate porque donde te vea te pongo, ya sé dónde vivís», rezaba uno de los mensajes captados por la fiscalía. El fiscal Iglesia destacó que este accionar infundió un “temor real y directo” en la víctima.
Los defensores Oscar Pineda y Pablo Iribarren, representantes de Castillo, y Gabriel Pérez, de Jara y Morales, cuestionaron la falta de pruebas directas sobre la autoría de los mensajes y la inexistencia de denuncias por amenazas. La defensa de Castillo argumentó que su cliente tiene arraigo en Allen y un emprendimiento legítimo de venta de ropa. «Es una persona que nació en Allen. Vivió toda su vida en Allen. Arraigo es el primer supuesto dentro de lo que el juez debe tomar en cuenta para saber que existe en ese sentido algún riesgo de fuga, está totalmente descartado», explicitó Iribarren. «Nos vamos a oponer a la complejidad. Tuvieron todo el tiempo suficiente como para poder eventualmente buscar la evidencia y formalizar caso», sostuvo Pineda. La defensa de Jara subrayó que el joven se presentó voluntariamente a la justicia. «Con todo el respeto que le tengo a los fiscales, creo que meten a todos los imputados en la misma bolsa», dijo.
El juez federal Greca resolvió la prisión preventiva para Castillo y Jara por 147 días. Ambos están imputados por los delitos de distribución y venta de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas, mientras que a Castillo se le sumó el cargo de tenencia con fines de comercialización. Morales obtuvo la libertad bajo una caución real de 6 millones de pesos, sujeta a presentaciones semanales en la comisaría y la prohibición de salir del país. Respecto al delito de amenazas, el juez decidió no dar por formulados los cargos contra Jara por el momento, debido a que faltaba una denuncia formal de la víctima o la intervención del asesor de menores.
Previamente, el juez Gustavo Zapata había dictado la prisión preventiva por 150 días para Julián Alberto Pérez y Nicolás Alejandro Correa, capturados en Bariloche con 1,67 kilogramos de cocaína, armas y dinero en efectivo. Con estas resoluciones, cuatro de los principales sospechosos permanecen detenidos. La investigación involucra a unas 26 personas y el manejo de fondos superiores a los 400 millones de pesos en billeteras virtuales. La Justicia declaró el caso como «causa compleja», unificando el plazo de la investigación penal preparatoria hasta el 30 de mayo de 2027.
En su fallo, Greca calificó a la narcocriminalidad como un “delito aberrante”. «Estamos frente a una banda narcocriminal que tiene un gran manejo de dinero y movilidad dentro de la provincia», sostuvo. El juez ordenó el bloqueo de las cuentas de Mercado Pago de los imputados y la apertura de más de 20 teléfonos celulares, notebooks y tablets secuestrados en allanamientos en Allen y Bariloche.