Profesionales de la obra social para jubilados rechazan una resolución que, según afirman, reduce sus ingresos. Gobernadores de distintas provincias manifestaron su preocupación por la atención de los adultos mayores.
Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron este lunes 13 de mayo un paro de 72 horas en rechazo a la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, dictada el pasado 9 de abril. Según los profesionales, la normativa implica una reducción significativa en sus honorarios.
Marcelo Sandoval, del Colegio Médico Regional Bariloche, señaló que la medida representa, en la práctica, un recorte del 52% en los ingresos de los médicos de cabecera. A nivel nacional, el gremio sostiene que, aunque fue presentada como un «ordenamiento» del sistema, la resolución modifica las condiciones de trabajo y la remuneración real.
Uno de los puntos centrales del conflicto es el aumento de la cápita, que pasa a $2.100 por afiliado. Los médicos argumentan que se trata de una mejora «engañosa», ya que viene acompañada de la eliminación de otros ingresos clave, como el pago por consulta presencial, la absorción de múltiples prestaciones en un monto fijo y la quita de incentivos por formación continua. «Se cobra más por cápita, pero se pierde mucho más por lo que se elimina», advierten desde el sector.
El nuevo esquema establece un pago fijo por afiliado que debe cubrir toda la atención médica, incluyendo consultas, seguimiento y prácticas. Los profesionales consideran que este monto es insuficiente y afirman que el impacto es directo: «Más trabajo, menos ingresos y menor reconocimiento al ejercicio médico».
En medio del inicio del paro, varios gobernadores se refirieron al conflicto. El mandatario de Córdoba, Martín Llaryora, reclamó públicamente que «no puede el PAMI estar abandonando a los abuelos». En la misma línea, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, afirmó que nunca dejarán de atender a un adulto mayor, «a pesar de que el PAMI le debe a la provincia más de 50 mil millones de pesos».
El conflicto se desarrolla en un contexto de tensión en el sistema de salud del PAMI, donde clínicas y sanatorios también han advertido sobre una deuda acumulada que compromete su funcionamiento. Recientemente, la senadora Patricia Bullrich reconoció los atrasos en los pagos, los calificó como una «situación muy temporal» y aseguró que se regularizarán. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se despegó públicamente del conflicto, aclarando que la crisis de financiamiento no orbita bajo su cartera.