El Gobierno nacional evalúa convocar a los rectores universitarios para negociar el cumplimiento de la ley, en un contexto donde el sector educativo prepara nuevas medidas de presión.
El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario continúa sin una resolución definitiva. Según información de la agencia Noticias Argentinas, el Gobierno nacional analiza convocar a los rectores en el mes de mayo para negociar una salida al fallo judicial que lo obliga a cumplir con la norma, mientras crece la posibilidad de una nueva movilización en el sector educativo.
Desde su sanción, la ley representa uno de los principales frentes para el Ejecutivo, que trabaja en adaptar las cuentas públicas para cumplir con la sentencia. El oficialismo busca un acuerdo que conforme a las universidades en un escenario económico complejo.
Fuentes oficiales señalaron que en febrero existió un intento de acuerdo, que proponía recomponer salarios docentes y no docentes en un 12,3% de lo perdido en 2025. Sin embargo, la negociación no avanzó por los tiempos legislativos. Desde el entorno del Poder Ejecutivo se apuntó contra la Cámara de Diputados, mientras que desde el entorno del titular de la Cámara, Martín Menem, se rechazó esa versión, sosteniendo que las prioridades legislativas responden a la Casa Rosada.
«Tenemos que acomodar los números para que funcione. En el mientras tanto vamos ganando tiempo para poder modificar la ley», expresó una fuente oficialista. A través de un recurso extraordinario presentado por la Procuración del Tesoro, la administración busca ganar tiempo en medio de un escenario inflacionario que complicó los planes oficiales.
«Estamos viendo de intentar arreglar el stock pasado y plantear una nueva discusión en el Congreso», indicó una fuente con acceso al despacho presidencial, que además reconoció que una alternativa es avanzar por decreto.
Mientras tanto, las autoridades universitarias comienzan a preparar una nueva movilización para los primeros días de mayo. Desde el sector descartan que exista un acuerdo con el Ejecutivo y aseguran que en febrero solo «hubo un aviso». Entre los principales reclamos aparecen la falta de compensación por los salarios perdidos en 2024 y la ausencia de previsiones para 2026.
La tensión se mantiene mientras avanzan reuniones internas en el Gobierno. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, para definir la estrategia frente al conflicto.
«La gente está cansada, no veo clima social como en aquel entonces», afirmó una fuente en referencia a la movilización universitaria de 2024, que marcó uno de los momentos de mayor presión sobre el Gobierno.