La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia judicial contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios por impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada durante la visita del empresario Peter Thiel.
La diputada nacional Marcela Pagano denunció al presidente Javier Milei por impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. Este jueves, el mandatario recibió al influyente empresario Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir Technologies. La presentación judicial incluye los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público y alcanza a otros integrantes del Gobierno.
La exintegrante de La Libertad Avanza formalizó la denuncia en la Justicia y pidió investigar al jefe de Estado por la decisión de restringir el acceso a la prensa. La medida fue adoptada en medio de un conflicto por supuestos hechos vinculados a la seguridad en la sede de gobierno. Según se desprende de la presentación, el Ejecutivo justificó la decisión al señalar que “se tomó de manera preventiva” tras una denuncia de la Casa Militar contra dos periodistas por presunto espionaje ilegal. El caso involucra a profesionales de un canal de noticias que difundieron imágenes grabadas en el interior del edificio.
En ese contexto, el presidente defendió la medida en redes sociales con un mensaje en el que afirmó: “Ser corruptos, ensobrados y violar las leyes de seguridad no es gratis. Algún día las basuras inmundas periodistas (95%) tendrán que entender que no están por encima de la ley. Abusaron de la jurisprudencia. No es gratis”.
La denuncia también incluye al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; al secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari; y al jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez. La investigación busca determinar responsabilidades en la implementación de la restricción.
Pagano calificó la decisión como “un hecho inédito desde el retorno de la democracia” y cuestionó el alcance de la medida. También sostuvo: “La Casa Rosada no es propiedad privada y mucho menos un mandatario ni sus funcionarios esbirros pueden decidir si a dicho edificio puede acceder la prensa”. La legisladora agregó: “La prohibición del ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas es el primer paso para silenciar cualquier voz disidente, situación que en Argentina hemos experimentado en los momentos más oscuros de nuestro país. No nos van a callar”.
El rechazo se extendió a entidades periodísticas como Fopea y Apera, que manifestaron su “enorme preocupación” por las restricciones. Desde la oposición también hubo cuestionamientos y pedidos para que el Gobierno restituya las acreditaciones. El diputado Maximiliano Ferraro afirmó: “No hubo ningún espionaje ilegal. Déjenlos trabajar, porque así no se puede vivir en una República. Esto no es una medida preventiva de seguridad nacional, es un ataque más del Gobierno contra el periodismo, la libertad de expresión y la libertad de prensa”.