Un hombre de 77 años fue atacado en su vivienda del barrio Santa Cruz por una pareja que le sustrajo cinco mil pesos tras golpearlo con un ladrillo. La Justicia imputó a los sospechosos y dispuso medidas restrictivas.
En una audiencia virtual realizada este mediodía, la Justicia formuló cargos contra una pareja acusada de atacar a un hombre de 77 años en su vivienda del barrio Santa Cruz, en Catriel. Los imputados, un hombre y una mujer, permanecen bajo investigación por el delito de robo simple tras agredir a la víctima con un bloque de construcción.
El hecho ocurrió ayer por la tarde, cuando la mujer imputada se presentó en el domicilio de la víctima solicitando dinero para comprar una garrafa de gas. Ante la negativa del adulto mayor, la mujer se retiró del lugar, pero regresó minutos más tarde acompañada por su pareja con un plan delictivo coordinado. Según el relato de la fiscalía, ambos ingresaron por la fuerza a la propiedad. En ese momento, la mujer arrojó un ladrillo que impactó de lleno en la frente del hombre, provocando que cayera al suelo de forma inmediata.
Lejos de detenerse tras el impacto, los delincuentes aprovecharon que el hombre se encontraba indefenso en el piso para continuar golpeándolo. Durante el violento forcejeo, los agresores rompieron el teléfono celular de la víctima para evitar que pidiera auxilio y le sustrajeron la billetera, que contenía cinco mil pesos en efectivo. Tras el robo, la pareja se dio a la fuga.
La víctima tuvo que ser asistida por personal de salud; si bien las heridas fueron impactantes, el médico policial las certificó como lesiones de carácter leve, dado que el tiempo de curación estimado es menor a un mes.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el defensor oficial no presentó objeciones a la calificación legal ni a los hechos narrados por la fiscalía descentralizada. En consecuencia, la jueza de Garantías resolvió la apertura de la investigación con la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses. También fijó que los imputados tendrán prohibido acercarse a menos de 200 metros de la víctima o de su domicilio, y se les impuso la prohibición de mantener cualquier tipo de comunicación con el damnificado por cualquier medio hasta que se realice el juicio.