Un fallo judicial obliga a la Provincia de Río Negro a abonar casi 2.000 millones de pesos por la expropiación de tierras y servidumbre de paso para la construcción de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de Viedma.
La Provincia de Río Negro deberá abonar casi 2.000 millones de pesos (equivalentes a 1,4 millones de dólares) por la expropiación de tierras y servidumbre de paso para la construcción de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, con volcado cero, de la capital provincial. La obra fue inaugurada en octubre de 2022, con una superficie de 136 hectáreas ubicadas a unos ocho kilómetros del casco urbano en dirección al balneario El Cóndor, y demandó, a esa fecha, una inversión de 1.300 millones de pesos financiados por el Plan Castello.
Ese monto deberá afrontarlo el Estado provincial a partir de un fallo del juez subrogante Leandro Oyola, a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 13, que se conoció esta semana. Según fuentes judiciales, la sentencia ya habría sido apelada por el Estado. La acción fue iniciada por la provincia para la expropiación de las tierras, y los propietarios afectados se allanaron a la demanda, pero en todos los casos rechazaron el importe indemnizatorio fijado por la Comisión de Valuaciones.
El monto total de 1.934.858.688 pesos se compone de los valores fijados en la sentencia para la expropiación de algo más de 578 hectáreas, la servidumbre de paso por otras 50 hectáreas, los honorarios para los abogados patrocinantes y los letrados oficiales, y el trabajo de peritos. A eso se suman 48.552.000 pesos en concepto de daños en uno de los reclamos, y otros 250.000 pesos para la confección del plano de mensura y la escritura declarativa de inmuebles en otro. Además, en dos de los tres casos de expropiación de tierras, el juez resolvió diferir la regulación de honorarios, por lo que la suma final será más alta.
El mayor monto fijado en la sentencia benefició al exvicegobernador Mario Luis De Rege, por 749,9 millones de pesos. La Junta de Valuaciones había establecido un valor de 82.840 dólares por algo más de 200 hectáreas, mientras que el perito interviniente lo estimó en 174.400 dólares, monto que finalmente resolvió el magistrado. En el caso de Enrique y Nora Inda, recibirán 587,1 millones después de que el juez dictara que era correcto el monto definido por la Junta (137.057 dólares), cuando el perito había fijado 144.300 dólares. A eso le agregó 48,5 millones de pesos por el daño que causa la expropiación al emprendimiento productivo, no solo por el valor de las hectáreas en que se reduce su campo, sino también por la desvalorización de la superficie no expropiada al perder su carácter de unidad económica.
Con respecto a los herederos de Roberto, Irma y Mario De Rege, se dividirán 232,4 millones, a partir de una valuación fijada por el juez muy por encima de lo establecido por la provincia. Estos tres casos corresponden a la expropiación de tierras, mientras que en las presentaciones de la empresa Fridevi y el productor Luis Iribarren, por las servidumbres de paso, el juez confirmó los valores de la Junta de Valuación y fijó indemnizaciones de 4,3 millones de pesos para cada uno.
En todos los casos se trata de valores actualizados al 20 de abril pasado. El Estado tendrá un plazo de 90 días para el pago de las sentencias, aunque ya se habría presentado la apelación y la definición corresponderá a la Cámara Civil. Hace dos años finalizó un proceso expropiatorio similar por la misma obra, también impulsado por la Provincia contra dueños de campos. Aunque en algunos casos los propietarios son las mismas personas, se trata de un juicio distinto. En esa ocasión, la sentencia de primera instancia fue apelada por la Provincia, pero antes del fallo de la Cámara Civil hubo acuerdo entre las partes y el proceso fue suspendido.