Un análisis sobre cómo en la historia reciente argentina se ha utilizado el discurso de la corrupción para evitar debatir la viabilidad de los modelos económicos.
Existe un dispositivo en la política argentina que se activa con rigor metódico: el uso de la ética personal para invisibilizar el agotamiento de un modelo económico. Se trata de una operación de distracción que conviene precisar antes de que produzca la tarea de reciclaje con nuevas caras destinadas a enmascarar la continuidad de lo mismo.
Durante el apogeo del menemismo, la convertibilidad garantizó un orden cambiario que anestesió el debate social. Mientras el consumo se mantenía estable, la corrupción —el “robo para la corona” y la ostentación del poder en las famosas tertulias de pizza y champagne— fue un dato mudo, un desparpajo tolerado. El problema estalló cuando el modelo agotó su capacidad de financiamiento. La desocupación estructural, la erosión de la base industrial y el endeudamiento externo, entre otros factores utilizados para sostener una paridad ficticia, desnudaron la inviabilidad estructural de la convertibilidad.
Fue en ese quiebre donde operó el desplazamiento: la corrupción dejó de ser un ruido de fondo para transformarse en la explicación única del malestar. Se construyó un relato catártico que permitía señalar culpables individuales sin cuestionar el modelo económico. La disociación se impuso como sentido común: se instaló la premisa de que el camino era correcto y de que solo fallaba la integridad moral de sus ejecutores.
La prueba histórica de este artificio fue Fernando de la Rúa. Se lo proyectó como la antítesis ética y moral del menemismo: austero y probo, pero estrictamente comprometido con la defensa de los dogmas neoliberales y la continuidad del corazón de la convertibilidad: el uno a uno. En ese contexto, la sociedad votó la honestidad como si fuera un activo macroeconómico capaz de redimir un esquema inviable. De allí que el colapso de 2001 no haya sido el resultado de una falta de decencia —aun con la “Banelco” de por medio—, sino la consecuencia directa de un programa económico que ningún funcionario, por honesto que fuera, podía sostener.
Hoy, la Argentina reingresa en una fase similar. Los indicadores de la administración de Javier Milei son concluyentes: desplome del salario real, recesión en el consumo masivo y una fragilidad cambiaria que vuelve a depender de la asistencia financiera externa. Sin embargo, ante las primeras señales de irregularidades en el entorno presidencial —desde estafas con activos digitales hasta opacidad en la gestión de fondos—, comienza a gestarse el mismo relato exculpatorio.
El riesgo es reincidir en el error de diagnóstico: creer que el país se derrumba por la conducta de una facción de facinerosos y no por la lógica de sus políticas. Si este programa fuera ejecutado por figuras de probidad intachable, por verdaderos santos, los resultados sociales serían idénticos. La corrupción es una ofensa que debe ser perseguida con el rigor del Estado de derecho; pero, aun así, no es el motor de la crisis: es, a lo sumo, la circunstancia que acompaña este proceso.
En consecuencia, es imperativo denunciar a tiempo esta disociación para comprender el presente en toda su complejidad y la operación que podría montarse para asegurar que el modelo sobreviva al mileísmo. Si la sociedad acepta que el problema fue “Milei y su entorno” —y no el programa de ajuste, desregulación y primarización de la economía, sin desmerecer otros factores vinculados a la subjetividad del presidente—, el escenario quedará listo para un reemplazo: el mismo modelo será ofrecido mañana bajo una estética “seria”, “institucional” y “transparente”.
En este punto, la memoria política debe activarse como un mecanismo imprescindible de autodefensa colectiva. No podemos admitir que el juicio moral, circunscripto a la corrupción del entorno más próximo a Milei, vuelva a funcionar como coartada de un diseño económico cuya inviabilidad es sobradamente conocida y que nos encamina hacia la destrucción sistemática de la Argentina. Si así sucede, se garantizará, además, la impunidad de los verdaderos beneficiarios del programa, de los dadores de gobernabilidad y de los operadores que, desde el Congreso y los distintos niveles del Estado -nacional y subnacional-, aseguraron la vigencia de los instrumentos de la motosierra -el DNU 70, la Ley Bases, entre otros- y elevaron la crueldad a la categoría de principio ordenador de una Argentina rota.