La tensión entre el Ejecutivo nacional y la Universidad de Buenos Aires se intensifica a raíz de las transferencias para el funcionamiento de los hospitales universitarios, que atienden a más de 700 mil pacientes por año.
En la antesala de una nueva movilización nacional en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la tensión entre el Gobierno nacional y las casas de altos estudios suma un nuevo capítulo. Esta vez, el foco del conflicto está puesto en las transferencias de recursos destinados al funcionamiento de los hospitales universitarios, un sector que atiende a más de 700 mil pacientes por año.
El contrapunto estalló cuando los directores de los hospitales dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) denunciaron públicamente que la administración de Javier Milei frenó el envío de las partidas operativas. La respuesta oficial no tardó en llegar: Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, aseguró que «los fondos para salud fueron transferidos en tiempo y forma» y remarcó que las transferencias se realizan «mes a mes con puntualidad». La respuesta viene en sintonía con el comunicado que había sacado la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Sin embargo, detrás de las declaraciones cruzadas existe una compleja trama presupuestaria. Según denuncian desde la UBA, el conflicto radica en la diferencia entre los fondos para pagar sueldos y el dinero necesario para mantener los hospitales abiertos. Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la UBA, aclaró el panorama y desmintió a medias al Gobierno. En contacto con Chequeado, explicó que las transferencias que efectivamente ingresaron son aquellas destinadas «esencialmente al pago de sueldos y servicios».
El reclamo urgente de la comunidad médica universitaria apunta a los gastos operativos: el dinero vital para la compra de insumos básicos y el mantenimiento de la costosa aparatología médica. Sobre este ítem, desde la UBA aseguran que no han recibido «un solo peso». De acuerdo a la información presupuestaria, existen casi $80.000 millones destinados a los hospitales universitarios que aún no tienen una distribución definida por parte del Ejecutivo.
A través de sus redes sociales, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, compartió la respuesta de Álvarez de este lunes 5 de mayo sobre los fondos, y denunció que el propio funcionario reconoció que «todavía no se transfirió ni un solo peso de la partida de gastos operativos para el funcionamiento de los hospitales universitarios». «A confesión de parte… Cumplan la ley», concluyó el funcionario universitario.
El Ministerio de Capital Humano, cartera que absorbió a Educación, admitió que hay exactamente $79.763 millones sin distribuir. Argumentaron que se encuentran analizando una «distribución eficiente» y acusaron duramente a la UBA de exigir el 95% de ese monto, «dejando sólo el 5% para el resto de los hospitales universitarios» del país.
Los datos oficiales del presupuesto 2026, relevados por Chequeado, exponen la gravedad del cuadro financiero. Con respecto al presupuesto total, se asignaron $114.269 millones para todos los hospitales universitarios del país. Esto representa una caída del 8,4% en términos reales (descontando la inflación proyectada) respecto a 2025. A esto, se suma la subejecución de las partidas. En el primer cuatrimestre del 2026, el Gobierno giró apenas $10.602 millones, un 9,3% del total. Considerando que ya transcurrió el 33,3% del año, el atraso en los giros supera los 20 puntos porcentuales. En este sentido, lo ejecutado en estos primeros cuatro meses marca un desplome real del 69,7% en comparación con igual periodo del 2025 y más del 86% en relación al 2023.
El punto más álgido del debate es la acusación del Ministerio de Capital Humano sobre la supuesta «voracidad» de la UBA al reclamar casi el 95% de los fondos remanentes. Del total del presupuesto 2026, la UBA tiene previstos $23.437 millones, pero en el primer cuatrimestre solo recibió $7.107 millones, sufriendo un recorte real del 74% frente al año pasado. El dato clave que desarticula la acusación oficial sobre el porcentaje reclamado radica en las propias decisiones de la actual gestión libertaria. Según el análisis de Chequeado, fue el propio gobierno de Javier Milei el que, durante 2024 y 2025, elevó la participación de la UBA en este presupuesto específico a más del 90% (durante la última gestión del Frente de Todos, ese piso era del 62,3%). Por lo tanto, si la Casa Rosada quisiera mantener en 2026 el mismo criterio de distribución que impuso en sus primeros dos años de mandato, debería girarle a la UBA unos $102.800 millones, lo que implica, en la práctica, transferirle casi la totalidad de los $79.763 millones que hoy mantiene retenidos.