La investigación del fiscal Franco Picardi avanza con pruebas contundentes extraídas del celular del novio de Wanda Nara, quien habría operado como nexo entre privados y funcionarios para agilizar importaciones a cambio de sobornos.
El cerco judicial sobre el entorno de la empresaria Wanda Nara se ha estrechado de manera definitiva. Este fin de semana, se conocieron detalles de la investigación que lidera el fiscal Franco Picardi, quien logró acceder al teléfono celular secuestrado a Martín Migueles. El dispositivo del novio de Wanda Nara reveló una maquinaria de corrupción que operaba en las sombras del cepo cambiario, donde se cobraban coimas de entre el 10% y el 15% para sortear las restricciones del sistema SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina).
Según el dictamen fiscal, Martín Migueles funcionaba como un nexo clave entre privados y funcionarios públicos, garantizando autorizaciones de importación en tiempo récord a cambio de pagos en dólares billete. La evidencia recolectada en el dispositivo móvil no deja lugar a ambigüedades. En las grabaciones obtenidas, se escucha al empresario negociar tarifas y plazos con impunidad. «Yo lo consigo un punto menos, 11 puntos y te sale en una semana con toda la furia», aseguraba Migueles a sus contactos, refiriéndose al porcentaje del soborno calculado sobre el valor del dólar oficial.
Estos intercambios permiten observar una estructura jerárquica de reparto económico donde, tras la firma de las autorizaciones, se exigía el pago inmediato de las comisiones. La red de Martín Migueles no actuaba en soledad. En los mensajes aparecen nombres de empleados gubernamentales que operaban desde los pasillos del Ministerio, coordinando la «vía rápida» para liberar declaraciones. Incluso, los investigadores detectaron maniobras para inflar los montos de los sobornos y repartir la diferencia entre los intermediarios, evidenciando una operatoria criminal diseñada para pulverizar los plazos de espera que sufrían el resto de los importadores.
Más allá de las irregularidades en las importaciones, la Justicia investiga una ramificación aún más lucrativa vinculada al mercado de cambios. Martín Migueles, junto a sus socios comerciales, habría operado a través de la firma «Arg Exchange» para acceder a dólares al valor oficial bajo supuestas autorizaciones del Banco Central. La sospecha principal de la fiscalía es que esas divisas eran volcadas inmediatamente al mercado paralelo, obteniendo ganancias que superaban el 200 por ciento gracias a la brecha cambiaria.
El fiscal Picardi busca ahora identificar a los eslabones superiores de esta organización, mencionados en los chats como «la señora» y «el Pato». Mientras tanto, la situación procesal de Martín Migueles es crítica: ya integra la lista de imputados en una causa que promete revelar los secretos más oscuros de la discrecionalidad administrativa en el acceso a las divisas.