La Justicia de Río Negro definió que el juicio contra Ismael Choque Vargas, imputado por el homicidio de Gastón Latiff, estará a cargo de un tribunal colegiado de tres jueces y no de un jurado popular, tras una controversia entre fiscalía y querella sobre la pena esperada.
El juicio oral contra el presunto autor del homicidio de Gastón Latiff, ocurrido en Bariloche en febrero de 2025, estará a cargo de un tribunal colegiado de jueces profesionales y no de un jurado popular, según quedó definido hoy en la audiencia de control de acusación.
El acusado es Ismael Choque Vargas, un joven de nacionalidad boliviana y sin arraigo en Bariloche, quien atacó a puñaladas a la víctima en el aparente intento de evitar el robo a un comercio, en el barrio San Francisco IV.
La decisión de descartar juicio por jurados fue tomada por el juez Marcelo Álvarez Melinger luego de un cuarto intermedio de cuatro días y puso fin a un diferendo entre la fiscalía y la querella sobre la pena “en expectativa” que sostiene cada parte para el caso de una condena.
Según el Código Procesal que rige en la provincia, si la pena estimativa prevista es superior a los 12 años el acusado debe ser juzgado por un tribunal de 12 jurados electos por sorteo de una nómina de ciudadanos habilitados. Para una pena menor interviene un tribunal tradicional de tres jueces.
Choque Vargas está acusado de homicidio simple, para el cual el Código Penal prevé una pena que puede variar entre los 8 y los 25 años. En la audiencia iniciada la semana pasada la fiscal Silvia Paolini adelantó una expectativa de pena de hasta 12 años. Pero la querella ejercida por los abogados Marcela Fragala y Martín Govetto esgrimió un criterio más severo, con una pretensión de pena de 15 años, lo cual tornaba imperiosa la conformación de un jurado popular, como no ocurre en Bariloche desde hace al menos dos años.
El juez Álvarez Melinger otorgó prioridad a lo planteado por el Ministerio Público Fiscal. Recordó que ante una divergencia en las penas la fiscalía prevalece y que en su evaluación previa debe ajustarse a un “deber de objetividad” que no rige para la querella, de modo que no tiene la misma licencia para proponer una pretensión punitiva “desproporcionada”. Refirió que la fiscal se inclinó por una pena de tipo “media/baja” para la escala prevista según el delito atribuido a Choque Vargas y la consideró una medida “coherente con la ausencia de antecedentes” del imputado, que es en general la regla seguida para esos casos por el Tribunal de Impugnación.
“No puede calificarse la pretensión de 12 años como caprichosa ni artificialmente reducida”, sostuvo el juez para fundar su definición de asignar la parte definitoria del juicio a un tribunal tripartito de jueces profesionales.
Luego Álvarez Melinger informó sobre la prueba producida y aceptada para exponer en el juicio y enumeró los testigos que habilitó para ser citados. La nómina supera las 50 personas, de modo que el juicio podría extenderse por al menos cinco jornadas. Entre ellos hay numerosos policías (alrededor de quince), peritos, médicos y también un buen número de psicólogos y psiquiatras, a propuesta del defensor Nelson Vigueras, que buscará para el acusado un atenuante de emoción violenta.
Choque Vargas está imputado por haber dado muerte a puñaladas a Latiff ante varios testigos, incluida su pareja, con quien había concurrido en la noche del 10 de febrero de 2025 a efectuar una compra y se encontró con un hecho violento protagonizado por la víctima, quien increpó y forcejeó con el comerciante. El acusado creyó que se trataba de un robo e intervino para reducir al agresor. En cierto momento esgrimió un cuchillo y le causó seis heridas, incluida una que afectó una arteria del cuello y le provocó la muerte en pocos minutos.
Desde hace más de un año Choque Vargas cumple prisión preventiva domiciliaria en el área de Salud Mental del hospital Ramón Carrillo. En la audiencia de hoy la querella sembró interrogantes sobre esa medida y pidió la renovación de los certificados médicos que recomiendan ese tratamiento o que de otro modo sea trasladado al Penal III, pero el juez no le hizo lugar.