La selección española de fútbol podría sufrir embargos durante el Mundial 2026 debido a una deuda de 2.310 millones de euros del país con inversores internacionales por recortes en energías renovables.
El Mundial de Fútbol 2026 se perfila como un evento lleno de expectativas no solo por el espectáculo deportivo, sino también por un complejo entramado judicial que amenaza con interferir en los planes de la Selección Española. A medida que el torneo se acerca a su inicio el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, España enfrenta un reto sin precedentes: el riesgo de que se ejecuten embargos sobre activos y operaciones de su selección nacional debido a millonarias deudas del país con acreedores internacionales.
La deuda que preocupa a la Roja asciende a 2.310 millones de euros. Tribunales civiles y comerciales internacionales han dictado medidas cautelares para garantizar el cobro de indemnizaciones derivadas de un conflicto originado en 2013, cuando España decidió recortar los incentivos económicos prometidos a inversiones en energías renovables. Esto desencadenó disputas legales con fondos de inversión que colocaron capital en ese sector.
Recientemente, el fondo estadounidense Blasket Renewable Investments obtuvo en Washington autorización para buscar y embargar bienes relacionados con España dentro de territorio estadounidense, incluyendo activos vinculados directamente con la Selección Española de Fútbol. Esto ha causado alarma entre funcionarios españoles y aficionados.
El riesgo de embargo se cierne sobre diversas actividades y transacciones que la delegación española desarrollará durante su estancia en Estados Unidos, desde el pago a proveedores hasta contratos con patrocinadores oficiales, alcanzando incluso el estipendio que recibiría el ganador del campeonato (50 millones de dólares) si España se alza con la copa.
Fuentes cercanas al proceso legal señalaron que el embargo no se limitaría al ámbito deportivo. En la lista de posibles activos se incluyen grandes acuerdos comerciales, como el reciente contrato de 1.440 millones de dólares con Raytheon para la adquisición de sistemas defensivos, elevando la presión sobre las autoridades españolas para resolver la disputa.