Ejemplares de cardenal amarillo, una especie protegida y en peligro de extinción, fueron recuperados en San Juan y trasladados a Río Negro. La Justicia investiga si fueron capturados ilegalmente en La Lobería y Punta Bermeja.
Ejemplares de cardenal amarillo, una especie protegida y en peligro de extinción, fueron recuperados en la provincia de San Juan y trasladados a Río Negro en el marco de una investigación judicial que busca determinar si las aves fueron capturadas ilegalmente en la zona de La Lobería y Punta Bermeja.
La causa se inició tras una denuncia presentada por la legisladora rionegrina Magdalena Odarda y actualmente es investigada por la Fiscalía de Viedma. Según se informó oficialmente, las actuaciones apuntan a establecer posibles infracciones a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna, así como a las leyes provinciales M 3288 y Q 2056, que regulan la protección de la fauna silvestre y de las áreas naturales protegidas.
Como parte de las medidas dispuestas durante la investigación preliminar, se coordinó un operativo con la Subsecretaría de Fauna Silvestre de Río Negro para concretar el traslado de los ejemplares recuperados desde San Juan.
Las aves permanecerán en cuarentena en una institución especializada de Roca, donde serán sometidas a controles sanitarios y evaluaciones técnicas antes de definir una eventual reinserción en su hábitat natural. Las autoridades indicaron que las áreas de La Lobería y Guardia Mitre fueron identificadas como zonas aptas para una futura liberación.
El cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) es una de las especies más amenazadas de Argentina. Su población se ha visto afectada durante décadas por la captura ilegal destinada al comercio de aves de canto y por la pérdida de hábitat, lo que motivó su inclusión en distintos regímenes de protección a nivel nacional y provincial.
En paralelo, la investigación avanzó sobre una presunta red de tenencia y comercialización de fauna protegida en San Juan. De acuerdo con la información reunida hasta el momento, una de las personas vinculadas al procedimiento tendría domicilio en Viedma, por lo que se busca determinar si existe una conexión entre los hechos investigados en ambas provincias.
Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que la investigación continúa en etapa preliminar y que las medidas en curso tienen como objetivo reunir evidencia para esclarecer las circunstancias de los hechos denunciados e identificar a los posibles responsables de las infracciones ambientales.