La investigación por facturación irregular al Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross) tiene cuatro imputados y abarca 21 hechos de estafa agravada. Los cargos fueron formulados este martes en los Tribunales de Roca.
La investigación por una presunta maniobra de facturación irregular al Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross), la obra social estatal de Río Negro, se centra en la actividad que desarrollaba el establecimiento privado de salud mental Valle Sereno-San Cirano S.A. entre noviembre de 2021 y julio de 2023. La causa ya tiene cuatro imputados y comprende 21 hechos de estafa agravada en perjuicio de la obra social provincial.
Los imputados son Silvia Mafalda Sirotih, quien fuera presidenta de la institución durante el período investigado, Luis Ernesto Valsangiacomo, médico psiquiatra y socio de la primera mencionada, el médico clínico y psiquiatra Mylton Luis Mercado; y la licenciada en Psicología María del Rosario Noemí Galván.
Los cargos fueron formulados el martes por la fiscal jefa Teresa Giuffrida y la fiscal del caso Celeste Benatti, quienes atribuyeron a los acusados distintos grados de participación en una investigación que se inició a partir de una auditoría realizada por Ipross en septiembre de 2023. La audiencia fue presidida por el juez Gustavo Quelin.
De acuerdo con la acusación fiscal, Sirotich y Valsangiacomo deben responder como coautores, mientras que Mercado y Galván fueron imputados como partícipes necesarios.
Cómo se descubrió la maniobra
La Fiscalía explicó que el punto de partida fue una auditoría en terreno realizada por personal del Ipross el 6 de septiembre de 2023 en Valle Sereno-San Cirano. A partir de esa intervención, la obra social inició una investigación administrativa interna para revisar documentación y prestaciones vinculadas al convenio que mantenía con el establecimiento.
Según se expuso en la audiencia, los auditores detectaron irregularidades y avanzaron con entrevistas, análisis de documentación y revisión de prestaciones facturadas a la obra social. Ese trabajo derivó en una denuncia penal presentada el 31 de mayo de 2024 por Marcela Ávila, presidente del Ipross en ese momento.
La investigación continuó con la incorporación de informes técnicos, documentación administrativa, registros bancarios, entrevistas y una pericia técnico-contable que hoy constituye una de las principales pruebas mencionadas por la acusación.
Qué sostiene la Fiscalía
De acuerdo con la teoría del caso presentada en la audiencia del martes en los Tribunales de Roca, la maniobra investigada consistía en la confección de documentación vinculada a prestaciones que posteriormente eran facturadas al Ipross.
La acusación sostiene que los hechos investigados se extendieron entre noviembre de 2021 y julio de 2023 y que fueron organizados en 21 hechos diferenciados, motivo por el cual la imputación fue presentada como una sucesión de episodios independientes y no como un único evento.
La Fiscalía indicó además que la investigación se apoya en documentación administrativa, expedientes de facturación, órdenes de pago, informes de organismos públicos, entrevistas y una pericia técnico-contable elaborada durante la pesquisa.
Durante la audiencia, la Fiscalía fue detallando distintos expedientes de facturación incorporados a la causa. En los primeros hechos descriptos aparecieron montos que, según la acusación, fueron abonados por Ipross en distintos períodos. Entre ellos se mencionaron pagos de $488.167, $504.440, $478.211, $604.474, $628.538 y $662.559, cifras que surgen de los expedientes analizados durante la investigación.
La acusación sostiene que esos montos formaban parte de facturaciones vinculadas a prestaciones que hoy se encuentran bajo investigación judicial. Las defensas de los imputados no formularon objeciones a la apertura de la investigación en esta etapa procesal. A Sirotich y Valsangiacomo los representa Martín Igoldi en tanto que por la defensa pública es Juan Pablo Chirinos quien representa a Mercado y Galván.
Cómo llegó la causa a la Justicia
Según explicó la Fiscalía durante la audiencia, los hechos investigados abarcan el período comprendido entre noviembre de 2021 y julio de 2023. La investigación comenzó después de una auditoría realizada por Ipross el 6 de septiembre de 2023 en el establecimiento de salud mental. A partir de ese procedimiento, la obra social inició una revisión administrativa que incluyó entrevistas, análisis documental y control de prestaciones vinculadas al convenio vigente.
Ese trabajo derivó en una denuncia penal presentada el 31 de mayo de 2024. Posteriormente se incorporó una pericia técnico-contable y distintos informes que fueron utilizados por la Fiscalía para sostener la acusación.
Finalmente, esta semana el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos contra Sirotich, Valsangiacomo, Mercado y Galván, y fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.