La controversia comenzó con una nota en la que se afirmaba que el Gobierno avanzaba en la compra de submarinos a la empresa francesa Naval Group, una firma vinculada a escándalos internacionales en el sector armamentístico.
A partir de esa publicación de Ámbito Financiero, intervino la Oficina de Respuesta Oficial, que salió a desmentir el contenido y acusó al medio de inducir a una conclusión falsa desde el título.
En su comunicado, el organismo sostuvo que no existe ningún contrato ni operación en curso. Aclaró que la Armada Argentina realizó solo una evaluación técnica, que identificó como aptos a los modelos Scorpene (Francia) y 209 NG (Alemania), y que esa información fue elevada al entonces ministro de Defensa, Luis Petri, sin derivar en una compra.
Según la Oficina, lo único firmado fue una carta de intención con Francia para iniciar consultas, sin obligaciones comerciales. “Una carta de intención no es un contrato”, remarcó el texto, que además acusó a la nota original de construir un “relato de corrupción sobre una operación que no existe”.
“Primero inventan la compra. Después, crean el escándalo”, concluyó el comunicado, que presentó el caso como ejemplo de la función del organismo para “desarmar operaciones”.
Sin embargo, horas más tarde, Ámbito Financiero respondió con una nueva nota en la que citó un video del propio Javier Milei. En ese material, el Presidente afirma: “Tenemos una excelente relación con Francia. Estamos comprando submarinos”, en referencia al vínculo bilateral y a los planes de defensa.
Para el medio, esas declaraciones contradicen a la desmentida oficial y refuerzan la interpretación inicial sobre la existencia de negociaciones avanzadas.
El intercambio dejó expuesta una tensión dentro del relato gubernamental: mientras el organismo creado para combatir “fake news” negó cualquier operación en marcha, un registro público del Presidente sugiere lo contrario.