La causa judicial avanza con testimonios que señalan deficiencias en las medidas de seguridad. Una ex empleada había renunciado meses antes por falta de garantías para los trabajadores.
La investigación penal por la muerte del obrero Hugo Ariel Breppe, ocurrida el 9 de marzo en una obra cloacal en General Roca, avanza mediante declaraciones testimoniales que buscan determinar las responsabilidades. El accidente se produjo a las 12:25 en la intersección de las calles Mendoza y Perú, cuando un desmoronamiento sepultó a Breppe, quien se encontraba dentro de una zanja de más de 3 metros de profundidad junto a otros dos compañeros.
Según pudo saber RÍO NEGRO a través de fuentes con acceso a la causa, uno de los testimonios clave es el de una ex empleada que renunció en enero, dos meses antes del hecho. La mujer, que estaba a cargo de controlar las condiciones laborales, afirmó que dejó su puesto porque la empresa no brindaba las condiciones de seguridad que ella exigía. «Si llueve mucho la noche anterior, en una excavación de 3 metros… bajo ningún concepto voy a habilitar la tarea. Por resguardar la vida de los trabajadores …la tarea se cancela», declaró, añadiendo que sus quejas reiteradas al personal jerárquico no encontraron soluciones.
Otro testigo, un exsupervisor de la firma Ecosur Bahía S.A., encargada de la obra financiada con fondos nacionales, brindó detalles técnicos. Señaló que en excavaciones de esa profundidad es indispensable el uso de un cajón de contención para proteger al operario, complementado con un corte talud (escalonamiento) en los costados. También destacó que la cercanía al Canal Principal de Riego podía aumentar las filtraciones y la humedad del terreno, agravando el riesgo. El exsupervisor manifestó que su renuncia previa se debió a que ya no se sentía cómodo con las «estructuras» de trabajo de la empresa.
Ante la consulta de este medio, la firma bahiense indicó que no hará declaraciones públicas por «respeto a la familia de la persona fallecida». La esposa de Breppe, Mirian Andrea Flores, y sus hijos son querellantes en la causa, representados por el abogado Ariel Balladini.
Entre las medidas de investigación dispuestas se encuentran el secuestro de teléfonos celulares de responsables de la empresa para pericias informáticas, allanamientos en inmuebles de una empleada jerárquica y en los obradores de Roca y Regina, donde se incautó documentación y equipos. También se solicitó una pericia técnica en seguridad e higiene, oficios a la ART interviniente y a la Secretaría de Trabajo para obtener informes de inspecciones previas y posteriores al accidente.