La Libertad Avanza aceptó retirar del debate la modificación a la normativa de barrios populares, tras el rechazo de los bloques aliados. La medida busca allanar el camino para la aprobación del proyecto de propiedad privada, que incluye cambios en expropiaciones, manejo del fuego y compra de tierras por extranjeros.
El oficialismo adelantó que aceptará excluir del proyecto sobre propiedad privada que ingresó al Senado el punto que propone una reforma de la ley de Barrios Populares. La iniciativa fue altamente rechazada por los bloques aliados y, en pos de no sumar votos en contra, La Libertad Avanza decidió mantener la normativa original.
Los bloques aliados manifestaron que la reforma podía generar centenares de desalojos y se mostraron en desacuerdo. Con la exclusión de ese capítulo, la jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, busca generar consensos sobre otro punto que genera rechazos: la anulación de las restricciones para que los extranjeros puedan comprar tierras.
A cambio, el oficialismo confirmó que aún se mantienen la propuesta sobre desalojos exprés, cambios en la ley del manejo del fuego y mayores restricciones sobre expropiaciones por parte del Estado.
El oficialismo planea cerrar un acuerdo con la parte aliada durante los primeros días de la semana entrante y firmar un despacho de comisión el miércoles o el jueves. De esta manera, podrían tratar la iniciativa en una sesión el 14 de mayo. La Libertad Avanza contabilizó los votos y asegura que tiene 21 a favor, pero necesita lograr consensos para llegar a 37 votos y garantizar la mayoría que le permita una sanción de las leyes. Por ello les resulta clave ganarse a la UCR, el PRO, Provincias Unidas, el Frente de la Concordia de Misiones, y los monobloques de Chubut, Salta, Tucumán, y Neuquén.
La iniciativa fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y propone varios cambios. Los más destacados del proyecto son: se trata de la Ley 21.499, vigente desde 1977, que establece que se debe satisfacer el principio de «utilidad pública» para que tenga lugar una expropiación. El Gobierno propone una definición más restrictiva de ese principio: su declaración «deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo».
La iniciativa también dispone cambios en las indemnizaciones: se propone incorporar el lucro cesante «cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación», fija el valor del bien antes de la intervención del Estado y actualiza el valor por inflación más «una tasa de interés razonable comercialmente que fije la sentencia». También propone que el bien no pasará a manos del Estado hasta que no pague íntegramente la indemnización, dispone que las mismas no pagan impuestos y le asigna mayor relevancia al dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación. La propuesta del Gobierno busca darle un rol más activo a las provincias y los municipios.
Concretamente se propone: el proyecto modifica la Ley de Manejo del Fuego. Se propone eliminar el plazo de 60 años de protección sobre tierras incendiadas, reducir las restricciones posteriores al incendio, mantiene la protección plena solo para bosques nativos, flexibiliza el uso del suelo en pastizales y otras áreas. El ministro Sturzenegger consideró desproporcionado que se limite el uso de un inmueble durante 30 años aun cuando no se trate de bosques nativos. El proyecto propone cambios de la Ley de Tierras Rurales que establece límites a la compra de tierras por parte de inversores extranjeros.