Un relevamiento reciente de la consultora Management & Fit revela un fuerte contraste en la opinión pública frente al paquete de reformas impulsado por el Gobierno. Mientras algunas iniciativas reciben niveles significativos de respaldo social, las reformas laboral y previsional concentran los mayores niveles de rechazo, en un contexto de ajuste económico, caída del poder adquisitivo y debate político abierto en el Congreso.
Según el estudio, la reforma laboral es desaprobada por el 52 por ciento de los encuestados, frente a un 43 por ciento que se manifiesta a favor. El rechazo es aún más marcado en el caso de la reforma previsional, que cosecha un 67 por ciento de desacuerdo, contra apenas un 32 por ciento de apoyo, lo que la convierte en la iniciativa con peor imagen dentro del paquete analizado.
En contraste, otras reformas muestran un panorama más favorable. La reforma penal cuenta con un amplio consenso social: el 72 por ciento se manifiesta de acuerdo y solo un 23 por ciento en desacuerdo, un dato que suele asociarse a la centralidad que tienen los temas de seguridad y delito en la agenda pública. Por su parte, la reforma tributaria aparece más equilibrada, con un 47 por ciento de aprobación y un 41 por ciento de rechazo, reflejando una sociedad dividida respecto de los cambios impositivos propuestos.
El sondeo de Management & Fit se conoce en momentos en que el Gobierno busca avanzar con transformaciones estructurales del sistema económico y laboral, mientras enfrenta resistencias sindicales, reclamos de jubilados y advertencias de la oposición sobre el impacto social de las medidas. Los datos muestran que, más allá del respaldo a algunas iniciativas, las reformas que afectan directamente ingresos, empleo y jubilaciones siguen siendo las más sensibles para la opinión pública.
El rechazo mayoritario a las reformas laboral y previsional parece estar directamente vinculado al clima social que atraviesa el país. La combinación de inflación todavía elevada, pérdida de ingresos reales y aumento del desempleo y la informalidad refuerza el temor a que los cambios impliquen una mayor precarización del trabajo y un deterioro de los haberes jubilatorios. En ese marco, sindicatos, organizaciones de jubilados y sectores de la oposición advierten que las reformas podrían profundizar la desigualdad y trasladar el costo del ajuste a trabajadores y adultos mayores, mientras que el Gobierno sostiene que se trata de medidas necesarias para ordenar la economía y garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.