miércoles, 15 abril, 2026

El juez federal Hugo Greca se refirió a un incidente en audiencia como «una chiquilinada»

El magistrado de Roca reconoció haber faltado el respeto a los presentes, incluida la defensora oficial Celia Delgado, en un episodio ocurrido en septiembre pasado. El caso fue elevado al Consejo de la Magistratura.

El juez federal de Roca, Hugo Horacio Greca, calificó como «una chiquilinada» un incidente ocurrido el 10 de septiembre del año pasado, cuando abandonó una audiencia que dirigía. El hecho se produjo luego de que la defensora oficial Celia Delgado le solicitara un cuarto intermedio de cinco minutos. Según informaciones de esa fecha, Greca se retiró de la sala por 18 minutos sin haber concedido el receso, amenazó con expulsar a la defensora y, a su regreso, realizó comentarios considerados amenazantes.

La jueza federal de Neuquén, Carolina Pandolfi, dispuso inicialmente una medida que prohibía a Greca dirigir audiencias en las que Delgado interviniera. Tras un período de calma, se registró un nuevo incidente el 19 de marzo último, lo que derivó en una cautelar que incluyó una prohibición de acercamiento.

Las actuaciones fueron elevadas al Consejo de la Magistratura de la Nación, organismo con facultades para revisar y eventualmente sancionar a jueces federales. En octubre, Greca se presentó ante la jueza Pandolfi para realizar su descargo, reiterando que su actitud había sido «una chiquilinada» y reconociendo que debía pedir disculpas a los presentes.

Posteriormente, se llevó a cabo una audiencia de conciliación entre Greca y Delgado, la cual fue interrumpida por el juez. En un tramo de su intervención, Greca comparó su personalidad con la de la jueza Pandolfi, señalando que el episodio le había servido como «una enseñanza».

Sin embargo, tras el nuevo incidente de marzo, la defensora Delgado presentó una denuncia por violencia de género. Greca sostuvo que los hechos denunciados no constituían maltrato, sino reacciones a decisiones judiciales adversas. Por su parte, la jueza Pandolfi fundamentó sus resoluciones señalando que las actitudes del magistrado, incluidas descalificaciones profesionales y la falta de asistencia en un momento en que la defensora se descompensó, podrían configurar violencia psicológica según la ley 26.485.

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