Los denunciantes presentaron un recurso de revisión contra la resolución del fiscal jefe de Viedma, que consideró solo irregularidades administrativas. El fiscal general revisará el caso.
Tras la decisión del fiscal jefe de Viedma, Hernán Trejo, de desestimar la denuncia penal contra la fiscal jefa de Bariloche, Betiana Cendón, los denunciantes interpusieron un recurso de revisión. El fiscal general Fabricio Brogna revisará la resolución dictada el 1 de abril, informaron fuentes judiciales.
Trejo observó solo irregularidades administrativas en la mayoría de los hechos atribuidos a Cendón y consideró que no hubo delitos. Los denunciantes, entre los que se encuentran los fiscales Guillermo Lista, Fernanda Orticelli, Álvaro Vitterbori, el jefe de división Germán Torres, la defensora penal adjunta Mónica Goye y el exfiscal Tomás Soto, presentaron el recurso el 4 de abril.
El origen del expediente es una denuncia presentada en septiembre pasado en el Consejo de la Magistratura contra Cendón por violencia y acoso laboral, mal desempeño, graves desarreglos de conducta y la posible comisión de delitos. En noviembre se abrió un sumario administrativo y se dispuso una averiguación preliminar, encomendada a Trejo, quien resolvió desestimar la denuncia penal.
En el recurso, los denunciantes solicitaron que se revoque esa desestimación y se ordene la apertura de una investigación preparatoria. Argumentan que la resolución adolece de graves vicios de fundamentación y omite la producción de medidas probatorias básicas, como testimonios o pericias informáticas.
Cuestionaron que Trejo basó su decisión en una revisión superficial de los legajos y que, frente a denuncias de esta gravedad, omitió ordenar pruebas para corroborar los hechos. Según los denunciantes, esta inacción generó la falta de evidencia que luego se usó para desestimar el caso.
Uno de los hechos cuestionados es una presunta manipulación y tráfico de influencias para reabrir una causa. Los denunciantes criticaron que Trejo desestimó este punto argumentando que una captura de pantalla de un mensaje de WhatsApp era un «mero indicio», sin ordenar el secuestro del teléfono o una pericia para validar la evidencia.
Otro hecho denunciado es una omisión deliberada de prueba en un acuerdo de procedimiento abreviado. Los denunciantes señalaron que Trejo descartó el prevaricato alegando «ausencia de dolo», considerando la conducta como una mala ejecución administrativa.