Un proyecto ingresado en la Legislatura provincial reaviva el debate sobre las tierras fiscales: de las 20.301.300 hectáreas que posee la provincia, casi 4 millones aún no tienen título de propiedad definitivo, lo que representa el 19,7% del total.
Un proyecto que ingresó en la Legislatura de Río Negro vuelve a traer a la mesa un debate antiguo en la región: de las 20.301.300 hectáreas de tierras fiscales que tiene la provincia, alrededor de 4 millones de hectáreas que están ocupadas y sin regularizar, es decir, el 19,7% aproximadamente no cuenta con un título de propiedad definitivo.
El dato fue aportado a Diario RÍO NEGRO por Diego Lawrie, director de Tierras de Río Negro, y por fuentes oficiales del Sistema Provincial de Catastro, que precisaron que dentro de ese universo hay 2.368.100 de hectáreas que todavía no cuentan con mensura, uno de los requisitos clave para avanzar hacia la titularización.
Lawrie explicó que “la provincia cuenta con una política sostenida de regularización de tierras fiscales, enmarcada en la Ley 5705”, sancionada en diciembre de 2023, que reemplazó el antiguo régimen y unificó normas dispersas. La norma declara de orden público el régimen de tierras fiscales y fija como principio rector que la tierra es “un instrumento de producción”, con función social y orientada al desarrollo territorial. También establece tres grandes regímenes: tierras rurales, tierras urbanas y regularización de ocupaciones existentes.
Desde el área de Catastro indicaron que “en la práctica, hoy conviven tierras ya regularizadas (con título) y otras en proceso, con expediente administrativo, ocupación efectiva y producción en marcha, pero aún pendientes de completar la instancia final de titularización”. Dentro de las hectáreas aún pendientes, 2.368.100 hectáreas no cuentan todavía con mensura, uno de los requisitos centrales para avanzar hacia la escritura definitiva. Este es uno de los objetivos a resolver de la nueva ley, ya que “en muchos de estos casos, la principal dificultad está asociada a la mensura”, indicaron. Además, señalaron que la Dirección de Tierras tiene capacidad técnica para avanzar cuando las condiciones lo permiten.
Según el mapa al que accedió este medio, elaborado a partir del Sistema Provincial de Catastro, los departamentos de 9 de Julio, Valcheta, Avellaneda, el sur del Cuy, norte de Pilcaniyeu, Bariloche y Ñorquinco son los que concentran la mayor cantidad de tierras fiscales sin mensurar. Específicamente, las mayores concentraciones de tierras en esta situación se encuentran en la Meseta de Somuncurá, Colonia Trapal Co, Colonia El Cuy y el Bajo de Santa Rosa. Sobre esas zonas, indicaron que “las condiciones geográficas, la dispersión de los predios y las dificultades de acceso complejizan las tareas técnicas y logísticas necesarias para avanzar con las mensuras”.
En total, Río Negro posee una superficie provincial de 203.013 km², de los cuales aproximadamente 23.681,47 km² permanecen sin mensura. Esto equivale a cerca del 11,7% del territorio rionegrino. La propia Ley 5705 contempla esta situación. Para ocupantes con más de diez años de tenencia pacífica pero sin mensura, habilita a la autoridad de aplicación a otorgar una “prórroga de ocupación” por un año, renovable por otro más, mientras se completa ese trámite técnico. En áreas urbanas, además, la ley prevé que cuando todavía no exista mensura se pueda otorgar tenencia sobre una superficie aproximada hasta que se delimite definitivamente el inmueble y se apruebe el correspondiente plan de urbanización.
Consultado sobre el tema, Lawrie sostuvo que “la Dirección de Tierras está en permanente contacto con la gente y atendiendo sus demandas”. No obstante, reconoció dificultades económicas: “muchos pobladores deben comprarle la tierra al Estado para regularizar su situación dominial, y con la situación actual eso se complica”, señaló. La ley vigente establece que quienes ocupan tierras fiscales sin ser adjudicatarios pueden solicitar la adjudicación en venta si cumplen ciertos requisitos: que la ocupación sea pública y pacífica, que no afecte derechos de terceros, acreditar al menos diez años de tenencia, domicilio en el predio o en la provincia, uso racional del inmueble y actuaciones administrativas iniciadas. Además, el precio de venta no puede ser inferior a la valuación fiscal del inmueble. El esquema prevé un anticipo mínimo del 10% y el saldo en cuotas de hasta diez años. Quien paga al contado puede acceder a una quita del 10%. Una vez cumplidas las obligaciones y transcurridos cinco años desde la ocupación, con inspección favorable, el Poder Ejecutivo puede extender el título de dominio mediante la Escribanía General de Gobierno. La ley también fija restricciones posteriores: el predio no puede venderse durante cinco años desde la escrituración y el Estado conserva derecho preferente de compra ante una futura venta.
En paralelo, en la Legislatura rionegrina ingresó un proyecto presentado por los legisladores del bloque PJ-Nuevo Encuentro.