La muerte de un niño de cuatro años en Comodoro Rivadavia mantiene en vilo a la provincia. La Justicia investiga a dos detenidos y analiza el rol de los sistemas de protección.
El lunes 6 de abril, tras el fin de semana largo de Semana Santa, se conoció en Comodoro Rivadavia, Chubut, la muerte de Ángel López, un niño de cuatro años, en circunstancias que despertaron sospechas desde un primer momento. La investigación judicial avanza con la hipótesis de que el fallecimiento fue producto de golpes y maltrato.
Por el hecho permanecen detenidos, con prisión preventiva por seis meses, la madre biológica del niño, Mariela Altamirano, y su pareja, Maicol González. El juzgado interviniente intenta determinar las responsabilidades penales en el caso.
Según los primeros indicios forenses, el menor presentaba múltiples lesiones compatibles con una golpiza. La investigación no solo se centra en los imputados, sino que también analiza el accionar previo del sistema judicial y de los equipos técnicos que intervinieron en la restitución del niño a su entorno familiar. En este marco, se examina el rol del juez Pablo Pérez y de los profesionales que participaron en los informes previos.
El caso generó una amplia repercusión en la sociedad chubutense y en los medios de comunicación. A la provincia llegaron figuras públicas como el abogado Roberto Castillo y su pareja, Cinthia Fernández, quienes participaron activamente en el reclamo de justicia. Su presencia, sin embargo, también generó polémica por sus declaraciones y los cruces mediáticos que se trasladaron a redes sociales y programas de televisión.
La exposición del caso atrajo una fuerte cobertura de medios nacionales, situando a la provincia en el centro de la agenda informativa durante varios días.
A más de diez días del hecho, la muerte de Ángel López sigue generando conmoción y preguntas en la sociedad. El caso puso en evidencia interrogantes sobre los mecanismos de protección de la infancia y el rol del Estado. Mientras la investigación avanza a la espera de definiciones judiciales, el reclamo de justicia se mantiene vigente en una comunidad impactada por la tragedia.